Política

INFORME ESPECIAL

Informe: las fuerzas represivas del Estado mataron a una persona cada dos días en cuarentena

Sin datos oficiales, el Observatorio Social Antirrepresivo de La Izquierda Diario relevó diversas fuentes y concluyó en que, desde el 20 de marzo, murieron 67 personas por gatillo fácil u otras formas de violencia policial y penitenciaria. La mitad, en territorio bonaerense.

Viernes 7 de agosto | 14:59

A fines de marzo, cuando comenzó la cuarentena obligatoria en Argentina, paralelamente se vio cómo también se fue extendiendo en todo el mundo (con la excusa de actuar frente a la pandemia de Covid-19) la violencia policial y otras formas de represión estatal.

Desde los constantes crímenes raciales a manos de la Policía de Estados Unidos, con la asfixia filmada de George Floyd en Minneapolis como hecho cúlmine, hasta la asfixia (también filmada) de Walter Ceferino Nadal en la Tucumán gobernada por el peronista Juan Manzur, la lista de crímenes estatales a nivel mundial es incalculable.

Como lo demostraron las masivas movilizaciones que pusieron en jaque a Donald Trump, el crimen de Floyd está enmarcado en un contexto de extremo racismo de las fuerzas represivas en general y de las estadounidenses en particular.

En Argentina ese componente racista y xenófobo del Estado se expresa en las golpizas, torturas, desapariciones y muertes de mujeres y hombres de poblaciones originarias o de inmigrantes (de países limítrofes o de África).

En este contexto, y pese a la abrupta baja de la circulación de personas por las calles y rutas del país, la cuarentena en Argentina no significó un descenso de la violencia estatal y el gatillo fácil.

Por el contrario, las políticas del Estado, al querer mostrar a las mal llamadas “fuerzas de seguridad” como instituciones que “nos cuidan”, no hacen más que envalentonar a los represores estructurales, con las violentas consecuencias que eso tiene.

Contra la juventud trabajadora y los sectores populares

Según fuentes oficiales, a lo largo de estos meses más de diez millones de personas fueron notificadas, demoradas y/o detenidas por incumplir la cuarentena instaurada el 20 de marzo. Gran parte de esas personas son trabajadoras y trabajadores que no tienen un estatus laboral formal (por lo tanto sin posibilidad de tramitar permisos para circular) pero que si no salen a buscarse un ingreso diario, directamente no comen.

Las más de 100.000 detenciones producidas hasta el momento por violar el artículo 205 del Código Penal (tal lo estipulado en el DNU 297), no hizo más que profundizar la sobrepoblación y el hacinamiento en comisarías y otros sitios de encierro, trasladando allí a una nueva masa de jóvenes, trabajadoras y trabajadores que, por hambre o necesidad, tuvieron que salir a la calle pese a semejante situación.

De ese segmento de la población, la parte más vulnerable es víctima directa del “verdugueo” policial, tanto de fuerzas provinciales como de las federales que actúan a las órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Del verdugueo a la amenaza (muchas veces a mano armada) hay un pequeño paso, tanto como de la amenaza a la agresión física.

Las consecuencias de esas maniobras criminales dependen casi exclusivamente de la voluntad del victimario, lo que incluye la muerte e incluso la desaparición forzada.

Si bien no hay un “manual de operaciones” escrito en el que puedan basarse los uniformados, hay patrones comunes que claramente pueden identificarse como parte de las políticas (a veces manifiestas, a veces tácitas) de los diferentes ministerios de Seguridad del país.

Vale recordar que desde que asumió el Frente de Todos el 10 de diciembre último, los responsables de esas carteras actúan coordinadamente a través del Consejo Federal de Seguridad que conduce la ministra Sabina Frederic+.

Los datos

Todo relevamiento de datos en esta materia choca con dos límites: por un lado, la ausencia de información oficial. No porque las autoridades no hagan su propio relevamiento sobre violencia policial y penitenciaria, sino porque deciden no darla a conocer para evitar mostrar una realidad que pondría en cuestión sus propios discursos de “cuidado” y “seguridad”.

Por otro lado, el mismo aislamiento obligatorio deriva en la imposibilidad de familiares, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos de relevar a fondo lo que pasa en las calles, en las barriadas populares y en las rutas argentinas.

La advertencia vale para considerar los siguientes datos no solo como parciales sino como “conservadores”. No hay especialista, organismo o periodista que no coincida en que la realidad es mucho más trágica y con números más abultados de los que aquí se han podido relevar.

Dicho lo anterior, los números que se presentan en este informe son producto del relevamiento de fuentes propias de La Izquierda Diario, de otros medios masivos nacionales y regionales, de organismos de derechos humanos como Correpi, CeProDH, CELS y Comisión Provincial por la Memoria e incluso de los limitados datos de instituciones públicas.

Les compañeres de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) informaron recientemente que, según su relevamiento, ya se cuentan 71 asesinatos en cuarentena por parte del Estado. Al presentar su diagnóstico y coincidiendo con este Observatorio, la Correpi aclara que el relevamiento es limitado y fija un “piso” seguramente superado en la realidad.

Otra aclaración es pertinente. Sin cuestionar ni mucho menos impugnar lo relevado por otros organismos, este Observatorio Social Antirrepresivo plantea el siguiente criterio para su registro: se consideran “casos” a incorporar a la base de datos específica aquellos que, derivando en muerte o no, hayan sido provocados por uno o más agentes armados del Estado (policía provincial o local, efectivo federal o penitenciario) contra una víctima civil, es decir que no pertenezca a otra fuerza represiva estatal, que a su vez no haya estado relacionada personalmente y afectivamente con el agresor.

La aclaración tiene sentido toda vez que, a los fines exclusivos de este relevamiento, no se incorporaron casos como el del joven Diego Quinteros de San Andrés de Giles, muerto de un disparo en la cabeza cuando estaba reunido con tres amigos y uno de ellos, el efectivo de la Bonaerense Javier Savietto, disparó accidentalmente su arma cuando la estaba descargando.

Tampoco el del subteniente de la misma fuerza Boris Lulich, quien tras un asado familiar asesinó a su hermano Felipe y a su novia, Brenda Rojas, tras lo cual se quitó la vida con su misma pistola. Casos donde el uso de las armas del Estado fue claro y objetivo, pero no coinciden con el criterio de base de este Observatorio.

Este Observatorio puede confirmar que desde el 20 de marzo se registraron, en todo el país, al menos 67 muertes a manos de policías y fuerzas de “seguridad” (provinciales y federales) y penitenciarias, bajo diferentes modalidades: gatillo fácil, torturas y asesinatos en situaciones represivas y muertes violentas en lugares de encierro. Se trata de una muerte cada 48 horas. De ese número, la mitad (33) son hechos producidos en territorio bonaerense.

Si a esos casos se agregan la desaparición de Facundo Astudillo Castro (con la Bonaerense como principal sospechosa) y cientos de hechos en los que el desenlace no fue la muerte pero sí graves heridas, tormentos físicos y psicológicos y demás consecuencias denunciadas por las víctimas, sus familiares u organismos de derechos humanos, la cifra de situaciones flagrantes de extrema violencia policial y penitenciaria se hace incalculable.

División de casos por provincia

Casi la mitad de todos esos casos tuvieron a la provincia de Buenos Aires como escenario, siendo el conurbano bonaerense la zona más “controlada” a sangre y fuego por la Bonaerense con apoyo de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Mientras madres y familias enteras lloran a sus muertos por la bala o la tortura del Estado, hace dos semanas la ministra de Seguridad Sabina Frederic pactó con su par bonaerense Sergio Berni (a pedido de Axel Kicillof) “trabajar mejor” en ese control poblacional, mandando más de mil gendarmes extras al conurbano. Nada de todo lo dicho arriba va a cambiar.

El desarrollo de este informe va de la mano con la tajante denuncia de cada uno de estos hechos de violencia represiva por parte del Estado, pero también, de una profunda discusión que enfrentamos con quienes quieren reconciliarnos con estas fuerzas, de quienes hacen la moral discusión del “policía bueno” o el “policía malo”.

Frente a esto oponemos las cifras relevadas. Oponemos los datos que confirman, una vez más, la sistematización en las torturas, razzias, asesinatos y demás hechos represivos.

No es un policía, es toda la institución.

Primeras conclusiones

A este panorama preocupante y peligroso para miles jóvenes trabajadores y pobres hay que sumar desde las últimas semanas el combo “pandemia-inseguridad”, un justificativo casi divino para que las policías y demás fuerzas del Estado desplieguen sus mañosos métodos de aplicación de la violencia sobre la población a la que, cínicamente, dicen estar cuidando y protegiendo.

Si por un lado se mantiene un silencio ensordecedor de parte de la mayoría de los funcionarios de los gobiernos nacional y provinciales frente a los crímenes de sus subordinados, por otro lado hechos reaccionarios e inconducentes como la “justicia por mano propia” de un jubilado contra un asaltante son transformados en emblema por Sergio Berni y demás responsables políticos.

Con una economía que decrece de forma inversamente proporcional al pico de contagios y con un Gobierno que prefiere paliar la debacle sin molestar a quienes más tienen mientras da migajas a los que no tienen nada, empoderar a derechistas consuetudinarios como Berni o el tucumano Claudio Maley es una decisión consciente de cederle el control de las calles y barrios a las prácticas más aberrantes de fuerzas llenas de odio de clase, xenofobia, homofobia y racismo.

El Observatorio Social Antirrepresivo de La Izquierda Diario procura demostrar que nada de esto es casualidad, que las balas oficiales que matan a los hijos e hijas del pueblo trabajador, además de ser disparadas por seres humanos con nombre, apellido y placa, son también disparadas por una institución con larguísimo pergaminos en la materia. Una institución irreformable por lógica e intransformable por definición.

Para denunciar, consultar o ampliar información, comunicate a través del Instagram del Observatorio Social Antirrepresivo de La Izquierda Diario







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