Economía

CRISIS ECONOMICA

Despidos: pese a estar prohibidos, en Jujuy triplican el promedio nacional

Se trata del empleo asalariado registrado. Pese al decreto que prohíbe los despidos, ni el gobierno provincial ni el nacional, se encargan que los empresarios lo cumplan. Cae el empleo de autónomos y monotributistas. Sin afectar a los grandes empresarios no hay salida progresiva.

Gastón Remy

Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.

Viernes 7 de agosto | 17:27

En la provincia según la encuesta de indicadores laborales (EIL) que confecciona el ministerio de Trabajo de la Nación indicó que en junio la caída del empleo asalariado registrado fue de -9,3% comparado con igual mes del año pasado; mientras el promedio nacional fue de -3,2%.

Detrás del conglomerado urbano Gran Jujuy se ubican Gran Resistencia y Gran Mendoza, ambos con una caída del -4,5% durante el mismo período.

Respecto a los sectores que más empleo destruyeron durante el segundo trimestre del año comparado con igual trimestre del año pasado se ubican la construcción (-30,4%); Industria (-6,8%); comercio, restaurantes y hoteles (-4,8%) y transporte,
almacenaje y comunicaciones (-3,2%).

Sin dudas los efectos de la cuarentena se hacen sentir en la caída de la demanda que según los empresarios encuestados (186 en total) fue el motivo que explica el 29,6% de los despidos.

Recordemos que esta decisión del sector privado ocurre mientras existe un decreto presidencial (N° 487/2020) que prohíbe hasta fines de septiembre los despidos desde que se inició la cuarentena.

Sin embargo, las autoridades de los ministerios de trabajo de la Provincia y Nación, no lo hacen cumplir. La semana pasada la cadena nacional Día cerró una sucursal en el barrio de Alto Comedero, dejando en la calle a 20 familias, sin que el gobierno haga cumplir la disposición presidencial.

En el caso de los sindicatos dejan pasar los despidos sin oponer resistencia, en este sentido, por ejemplo, el directivo del Centro de Empleados de Comercio, consultado ante el cierre de Día, sostuvo que no se podía hacer algo más que negociar indemnizaciones dado que el ministerio de Trabajo de la Provincia no los acompañó.

La subordinación de los sindicatos a los gobiernos y ministerios trae estas consecuencias. Por el contrario, lejos de esperar algo de los gobiernos y las burocracias sindicales, se necesita dar la pelea por organizar a las y los trabajadores para defender los puestos de trabajo.

Por último, la pérdida de empleo también se volvió a registrar en el informe que arroja el Sistema Integrado Previsional Argentino. A nivel país los asalariados del sector privados tuvieron una caída de 294,6 mil puestos de trabajo entre mayo de este año y del año pasado. En el caso de Jujuy, el empleo asalariado registrado –desestacionalizado- volvió a retroceder y con 58.272 puestos, retrocede a valores de cuatro años atrás.

La situación es crítica dado que no solo se multiplica el trabajo informal, las chagas y venta ambulante, que en la fase uno de la cuarentena volvió a ser suspendida, sino que como en todo el país el empleo de autónomos y monotributistas también cae, 24,1 mil y 88,8 mil, respectivamente. O sea, se sale de los canales que guardan cierto registro y acceso a la jubilación, para quedar expuestos a mayor informalidad y al trabajo en negro.

Mientras la política de los gobiernos es dejar correr los despidos, en Jujuy acompañan un plan de pospandemia que presentó el gobernador, Gerardo Morales, donde se apunta a resguardar los negocios de los sectores más concentrados, los dueños de los ingenios, mineras y del tabaco.

Mientras tanto, la situación de los comercios cerrados y la venta ambulante están poniendo en riesgo la situación de miles de trabajadores y familias que viven de estas actividades suspendidas por la fase uno y ante las cuales no hay ningún plan del gobierno para auxiliar y evitar los despidos y cierres de locales como se observa a diario.

Una salida alternativa solo puede venir de la clase trabajadora organizada en unidad con los pequeños comerciantes y productores arruinados apuntando a afectar las fortunas e intereses de los grandes empresarios y terratenientes para desde ahí financiar un plan de emergencia sanitaria, económica y social a favor de las mayorías.







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