Política

EDITORIAL

La pandemia, las interpretaciones y los hechos

Tiempo estimado 7:24 min


Los datos de los indicadores laborales muestran que continua el derrumbe, mientras tanto Paolo Rocca recibe beneficios, continua la impunidad en Vicentin y los bancos son los intocables de siempre. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite los domingos de 21 a 23 por Radio Con Vos, 89.9.

Fernando Rosso

@RossoFer

Domingo 5 de julio | 23:15

  •  La información que surgió de la Encuesta de Indicadores Laborales para abril y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para marzo, reflejó el impacto de la crisis en el trabajo registrado. Como informó Luis Campos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma: tan sólo en abril, según datos del SIPA, hubo 184.000 trabajadores menos que en marzo. Una parte se explica por cuestiones estacionales, pero despejando esos factores de lado, la magnitud de la caída fue de casi el triple del peor mes anterior (marzo/20). Recordemos siempre que estamos hablando en el contexto de la vigencia de una supuesta prohibición por decreto de los despidos y que nos referimos al empleo registrado, imaginen ustedes lo que será esto en el universo del trabajo informal. Lo cierto es que el primer mes de cuarentena arrancó con un golpe durísimo y no parece haber sido el último.
  •  Repasemos en qué marco se conoce esta información: en materia de ingresos familiares, la gestión de Cambiemos había elevado el índice de la pobreza por ingresos hasta 35,5 % y que, bajo la actual gestión –pandemia y crisis de por medio–, la caída de ingresos alcanzó el 40,1 % en el primer semestre de 2020. En jubilaciones y salarios, el gobierno de Mauricio Macri impuso un derrumbe del 19 % promedio del poder adquisitivo real en ambas modalidades de ingreso. En términos de desocupación: el promedio nacional ya pasó los dos dígitos y alcanza el 10,4 %.
  •  Estos son algunos datos significativos del contexto social en el que se produjo la principal novedad política de la semana pasada, más allá de los escándalos de espionaje destapados muy oportunamente por el Poder Judicial y que se encubrieron desprolijamente cuando fueron denunciados en su momento. Esa novedad fue la reunión que mantuvieron los diputados oficialistas Máximo Kirchner y Sergio Massa, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y representantes del establishment argentino: Miguel Acevedo de la Unión Industrial Argentina y de Aceitera General Deheza; el banquero Jorge Brito; el petrolero Marcos Bulgheroni y el “zar de la energía”, Marcelo Mindlin.

    Varias de las crónicas de esta reunión cumbre sentenciaron que fue una especie de “graduación” de Máximo Kirchner como “estadista” porque parece que en este país te recibís de “estadista” cuando vas a dar explicaciones a los patrones. Toda una concepción del carácter del Estado. Una de esas crónicas fue la de Horacio Verbitsky que publicó un diálogo revelador. Cuando los empresarios le manifestaron sus inquietudes por presuntos avasallamientos a la propiedad privada, Kirchner respondió: “Estamos cerca de cerrar la negociación con los acreedores externos para salir del default que de la deuda que dejó Macrí, que él mismo contrajo con la aprobación de muchos de ustedes. Eso lo va a pagar el pueblo argentino, pero la plusvalía será para ustedes, porque en cuanto firmemos, el valor de mercado de sus empresas va a aumentar muchísimo. ¿Les parece que con nosotros la propiedad privada corre peligro?”

  •  Y, la verdad, que si vamos a los hechos, la realidad lo respalda bastante en ese dogma sobre la propiedad y en esas teorías sobre la plusvalía. Algunos ejemplos:
  •  Pasó medio desapercibido ante tanto humo informativo, pero la semana pasada, el Gobierno decidió comenzar a pagarle a los productores de gas, básicamente al Grupo Techint, una deuda heredada del programa de estímulo a la inversión en Vaca Muerta del gobierno de Cambiemos. Tecpetrol, ya embolsó 1900 millones de pesos en junio y recibirá otros 11.400 millones, algo así como 1,6 millones de dólares por día durante los próximos dos meses. Todo esto en el marco de que, supuestamente por falta de recursos, se pagan aguinaldos estatales en cuotas y no se amplía o actualiza el Ingreso Familiar de Emergencia. También se incluye en este reconocimiento unos 3.200 millones de pesos a CGC, la petrolera de Corporación América, de Eduardo Eurnekian. De esta manera, el Gobierno se pone al día con una famosa resolución que ideó el exministro de Energía, Juan José Aranguren, el mismo que días atrás fue denunciado por el interventor del Enargas, por presunta “dolarización de tarifas”.
  •  Segundo ejemplo: Vicentin. Recordemos, la megacerealera que estafó a medio mundo, entre ellos al Banco Nación. Todos los días se conocen datos que comprueban la estafa, pero sin embargo los viejos dueños fueron repuestos por el juez a cargo del concurso, Fabian Lorenzini. El juez trabajó durante 18 años como asesor letrado de la sucursal del Banco Nación de Reconquista y avaló por lo menos tres de los créditos luego defaulteados por Vicentin. Ah, además, el fiscal, Leandro Mai, a quien Lorenzini le mandó las actuaciones para determinar si había ilícitos en el accionar de la empresa, está casado con una concejal radical que presentó un proyecto para declarar "el total rechazo a la intervención y al proyecto de expropiación" por considerarlo "inconstitucional e ilegal" ¿Cuál fue la respuesta oficial?: archivar la “expropiación-salvataje” y considerar el anuncio uno de los mayores errores de estos seis meses de gestión.
  •  Por último, los que siempre logran que se casi ni se hable de ellos: los bancos. En base a los balances oficiales que presentaron, mientras el Producto Bruto Interno nacional descendió en 2019 un 2,2%, los bancos privados autorizados a funcionar en el país obtuvieron una utilidad neta de 314.044 millones de pesos (un 51% + interanual). En abril de este año, el mes de cuarentena absoluta, quintuplicaron sus ganancias respecto de marzo: 17.513 millones de pesos. Sobre ellos, un dato relevante: si se llegase a retomar el anestesiado proyecto de impuesto a la riqueza, no los afectaría porque va a recaer sobre personas físicas, no jurídicas, así que ahí no entrarían ni bancos, ni energéticas, ni cerealeras.
  •  Sobre estos hechos puede haber muchas interpretaciones. El Gobierno dice que si no si hubiesen tomado las medidas formales, el panorama sería mucho peor, que la desocupación sería descomunal, que todo sería un desastre; los empresarios y sus voceros mediáticos patalean con que la cuarentena les pone trabas, que tiene que haber menos impuestos, que todo eso obstaculiza la producción y que viene el comunismo.
  •  Los hechos dicen que tenemos menos empleo, más pobreza e indigencia y mayor desigualdad; mientras para los ganadores gozan, desde beneficios (Techint) hasta impunidad (Vicentin o los bancos).
  •  Me gustó mucho una frase de un senador demócrata norteamericano de los años ochenta que recordó el investigador Ernesto Calvo en un artículo del El Dipló: "Todos tienen derecho a tener sus propias opiniones, pero no a tener sus propios hechos". O, como dijo un viejo periodista sobre las interpretaciones: “Yo suelo creer la mitad, porque la otra mitad son los hechos”.



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