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CONGRESO DE LA NACIÓN

El Senado aprobó la ley de “solidaridad social”: jubilados congelados y festejan “los mercados”

El oficialismo logró aprobar una ley que considera fundamental para la negociación con el FMI: suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días y un importante ajuste fiscal para garantizar los pagos de la deuda pública. Mientras, petroleras y mineras festejan reducción de retenciones.

Juan Manuel Astiazarán

@juanmastiazaran

Sábado 21 de diciembre de 2019 | 03:55

La votación en el Senado

Cerca de las 4 de la madrugada, y tras una sesión que duró casi 9 horas, el Senado de la Nación aprobó el proyecto que un día antes había aprobado la Cámara de Diputados. Así, en un trámite express, el oficialismo logró sancionar la ley “de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”.

En total fueron 41 los votos a favor de sancionar el proyecto, pero un dato de la sesión llama la atención. Los senadores de Juntos por el Cambio, pese a que dicen oponerse y votaron negativamente, habilitaron el tratamiento del proyecto al retirarse del recinto y permitirle al peronismo que pudiera tener los 2/3 de los presentes, número necesario para habilitar la discusión sobre tablas (no tenía despacho de comisión). ¿Por qué esto es importante? Porque mientras el macrismo hace demagogia después de arruinar a los jubilados y patalea contra la ley en los medios, garantizó su tratamiento y posterior aprobación: si se hubieran quedado durante la apertura, el Frente de Todos no hubiera logrado los votos de 2/3 de los presentes que necesitaba. Sin este gesto "solidario" de Juntos por el Cambio no se hubiera podido habilitar el tratamiento, y por ende no hubiera podido aprobarse la ley.

A pesar de algunas modificaciones realizadas en las últimas horas, la norma mantiene lo central del proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. El mismo establece la declaración de "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social" y concede facultades especiales para que el presidente pueda tomar decisiones sin necesidad de pasar por el Congreso.

En el artículo nº 2 se establece la prioridad para la delegación de esas facultades: "Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública". Y en el artículo nº 3 se faculta al poder ejecutivo "a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina".

Como ya se ha dicho en otras oportunidades, fue el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se encargó de aclarar la necesidad del Gobierno de aprobar esta ley para poder sentarse a negociar con el Fondo Monetario.

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El guiño a los acreedores de la deuda y al FMI fue celebrado durante estos días por los grandes especuladores: el riesgo país descendió por debajo de los 2000 puntos y las acciones de los bancos registraron subas destacadas, al igual que los bonos en dólares. Un renovado entusiasmo de los verdaderos privilegiados respecto a la postura del Gobierno frente a la deuda.

Esto suena lógico si se tiene en cuenta el ahorro fiscal que generará la sanción de la ley que establece la emergencia económica. Distintas consultoras privadas estiman que será entre un 1 % y 2 % del PBI, y que dependerá centralmente del ajuste previsional que haga el Estado.

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Los senadores que aprobaron el proyecto, muchos de los que habían votado la contrarreforma previsional del macrismo en 2017, confirmaron entonces la suspensión de la movilidad jubilatoria por un plazo de 180 días y resuelvieron que será el Poder Ejecutivo quien fijará los aumentos, por decreto y cada tres meses.

A cambio se dará un bono de $ 5000, a cobrarse en diciembre y en enero, al que sólo podrán acceder aquellos jubilados que hoy cobran la jubilación mínima ($14.068), mientras que el monto del mismo irá variando para quienes se encuentren en las siguientes categorías, estableciendo como tope llegar a la suma de $19.068.

Esta medida no sólo dejará sin bono a más de 2,3 millones de jubilados, sino que tampoco les ofrece ninguna garantía sobre cuál será la suma que percibirán por decreto y si se respetará como piso lo que ya garantizaba la actual fórmula, que contemplaba un 29 % de aumento para el primer semestre de 2020.

Festejan los mismos de siempre

A pesar de que durante la campaña electoral Alberto Fernández repitió hasta el cansancio que "entre los bancos y los jubilados" se quedaba "con los jubilados", en el proyecto no puede encontrarse ninguna medida que afecte los intereses de quienes fueron los grandes ganadores durante el macrismo.

Lo mismo sucede con las empresas privatizadas de los servicios públicos como la luz y el gas, beneficiadas por los tarifazos que habilitó el Gobierno de Cambiemos. En mayo de 2018, tanto la izquierda como el peronismo habían votado una ley para retrotraer las tarifas a noviembre de 2017, iniciativa que fue vetada por Mauricio Macri para seguir beneficiando a sus amigos como Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo. Sin embargo, la nueva ley aprobada por el Congreso evita referirse a algo aunque sea parecido a lo que votaron cuando eran oposición. Mientras tanto proponen "congelar" el precio de los servicios por seis meses para "iniciar una revisión" de tarifas para el segundo semestre de 2020, lo que significa convalidar los aumentos del macrismo hasta la fecha.

Al mismo tiempo, el Gobierno propone la rebaja de las retenciones para la actividad petrolera y las mineras, que pasarán del 12 % al 8 %. Una muestra más de un extractivismo recargado que por estas horas suma un lamentable capítulo en la provincia de Mendoza. Allí el Frente de Todos y la UCR acordaron reformar la ley 7722 que protegía al agua como recurso humano y permitirán el uso a gran escala de sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en el proceso de la megaminería.

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El cuadro se completa con el almuerzo que el presidente compartió con los empresarios nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde recibió muestras de apoyo y compromiso de buena parte de los dueños del país como Roemmers y Bagó (industria farmacéutica), Paolo Rocca del Grupo Techint y Héctor Magnetto del Grupo Clarín, entre otros. A este último pudo vérselo por demás sonriente, en una de las postales que dejó el evento.

Una "solidaridad" cuanto menos extraña la que proponen desde el oficialismo, pidiendo esfuerzos a los trabajadores y a los jubilados mientras benefician a los grandes empresarios y especuladores.

O como bien señaló Nicolás del Caño durante la sesión en Diputados, "son ‘solidarios’ con la plata de quienes laburaron toda su vida" mientras se niegan a discutir sus salarios y sus propios privilegios.

Si realmente se quiere atender las necesidades de los sectores más castigados por los efectos de la crisis, se debe empezar por afectar las ganancias de los grandes ganadores durante el macrismo, con medidas elementales. De lo contrario, es imposible hablar de "solidaridad" cuando los que siguen ganando son los mismos de siempre.







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