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ENTREVISTA

El Ministerio de Trabajo no tiene competencia para intervenir el gremio judicial de Mendoza

Este es uno de los elementos que se desprenden de la entrevista que le realizó La Izquierda Diario al dirigente del gremio judicial de Mendoza, Carlos Ordoñez. A continuación la entrevista completa.

Sábado 29 de abril de 2017 | 23:40

El año pasado se realizaron elecciones del gremio judicial de Mendoza y sin embargo está acéfalo ¿Por qué?

La Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza convocó, a partir de una reunión de la misma, el día 22 de marzo de 2016 a elecciones para la renovación de autoridades. El día 24 de marzo esa convocatoria sale publicada en los medios. La Asamblea, que también se convocaba en la misma publicación, de elección miembros de Junta Electoral se realizó el 1 de abril. Fue una de las asambleas mas concurridas del a historia del gremio, en cuanto a elección de Junta Electoral. Todos los que tienen alguna participación en los gremios saben que no es muy atrayente todo el trabajo de la Junta Electoral

La Asamblea se realizó con total normalidad. En ella participaron trabajadores que después estaban en la lista Verde y en la lista Naranja y también había algunos de la lista Bordó. Se eligió la Junta Electoral y la lista Bordó impugnó el llamado a elección de la Junta Electoral.

- ¿La lista Bordó a quién responde?

A nuestro entender, es una lista pro oficialista, radicales.

- Ellos impugnaron el llamado a conformar la junta electoral ¿cómo siguió?

Ellos impugnan el llamado a Asamblea para conformar Junta Electoral. Entonces, cuestionan absurdamente si había 4 o 5 días hábiles antes para el llamado a elección de Junta Electoral. Se publicó el 24 de marzo y se realizó el 1 de abril. Ellos dicen que se debería haber convocado con más días de antelación. Había 9 días corridos y día hábiles 5, la discusión es si el día hábil número 5 que cayó viernes se cuenta o no. ¿Alguien puede creer que todo un proceso electoral se puede tirar abajo por la discusión si son 4 o 5 días hábiles la elección de Junta Electoral?

De todas maneras, de la impugnación nada dijo el Ministerio de Trabajo ni en abril, ni en mayo, ni en junio cuando se realizaron los comicios. Los mismos se realizan el 8 de junio como se han realizado las últimas 5 elecciones y participaron las tres listas(Verde, Naranja y Bordó). Las tres listas presentaron candidatos, presentaron fiscales de mesa, realizaron y firmaron la apertura de los comicios en cada una de las mesas. Las tres listas firman las actas de cierre de cada una de las mesas, las tres listas participan del escrutinio provisorio y cuando la lista Bordó se da cuenta que pierde no se presenta al recuento definitivo e impugna.

Sigue sin decir nada el Ministerio de Trabajo que a ese acto electoral había mandado 4 veedores que dicen que la elección se desarrolló con total normalidad. La lista, a mi entender pro oficialista, estaba convencida que producto de todo lo que había puesto con aparato y demás, ganaban. Cuando se dieron cuenta que perdieron, por poco, por 33 votos, impugnaron todo.

El Ministerio de Trabajo siguió sin decir nada en junio, en julio, en agosto, en septiembre y a finales de octubre, cuando faltaban 7 días hábiles para asumir las nuevas autoridades, la lista Verde ganadora, se nos notifica que se declaraba lo que ellos llaman "la ineficacia jurídica" de la convocatoria a asamblea de elección de Junta Electoral y con ello todo el proceso electoral. Tiran todo por el suelo y recomiendan realizar un nuevo llamado a elección de Junta Electoral para realizar otra vez todo el proceso electoral.

Acá hay dos elementos que es importante tener en cuenta. El primero es que en ningún momento se le dio a la Junta Electoral ni a ninguna de las listas participantes derecho a defensa de la impugnación. Algo básico, cualquiera que está acusado de un delito tiene derecho a defensa. Nosotros, sin cometer ningún delito, no tuvimos derecho a defensa. El segundo tema es que existe en Derecho lo que se llama la preclusión de los actos. La elección tiene 5 o 6 pasos: el primero es la convocatoria a elección de Junta Electoral, el segundo es la conformación de la Junta en sí, el tercero es la presentación y oficialización del padrón, el cuarto es la presentación de candidatos y oficialización de los mismos, el quinto es la elección en sí y el sexto es la proclamación de la lista ganadora. La participación en uno de los pasos implica haber consentido el anterior porque está precluído. Para que se entienda, esto es como si River y Boca deciden jugar un partido y uno de los dos cuestiona el campo de juego, la altura del césped, el horario de transmisión, quien lo transmite, el arbitro, el tipo de pelota y la luz que van a poner, pero no obstante eso decide jugar. Si gana, no dice nada, si pierde lo impugna por todo eso. Bueno, eso es lo que pasó.

¿Y desde el sindicato que hicieron?

Nosotros interpusimos un recurso de reconsideración a la decisión de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que depende del ministro de trabajo, Jorge Triaca. El director nacional de asociaciones sindicales fue el que dictó la resolución esa, totalmente ilegal. Y cuando el director se entera de esto, rechaza la reconsideración, por lo tanto quedó abierto el recurso jerárquico al ministro Triaca. Nada dice Triaca ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero y en marzo, finales de marzo, principios de abril, no recuerdo bien la fecha, dice que rechaza el recurso jerárquico. Nosotros, el 1 de marzo, habíamos interpuesto un pedido de pronto despacho.

El 10 de abril, en virtud de la negativa a resolver por parte del Ministerio de Trabajo, presentamos el recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El recurso previsto en el artículo 62 de la ley de Asociaciones Sindicales, la 23.151. Interpuesto ese recurso, tiene lo que se llama efecto suspensivo, porque el Ministerio de Trabajo no puede impulsar ninguna actuación en la medida que ha perdido toda atribución al salir de su órbita la resolución de la contienda que en la actualidad está en la Justicia Nacional Electoral y del Trabajo.

¿Que dice el artículo 62?

El artículo 62 dice que quien está facultado para resolver estos casos es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Al presentar nosotros el recurso de pronto despacho y no contestarnos Triaca en un tiempo prudencial, vencido ese plazo, nos queda abierta la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Cuando se abre esa instancia judicial el Ministerio de Trabajo pierde toda atribución. No obstante hace caso omiso a la Justicia y ordena, vía una resolución firmada por Triaca, designar un "delegado normalizador", que no es otra cosa que un interventor que tiene como objetivo en 15 días dar un informe del estado de las cuentas y en 120 días normalizar el proceso eleccionario del gremio. Eso, desde lo estrictamente jurídico, es un escándalo porque lo está haciendo alguien que no tiene competencia para hacerlo. Es totalmente ilegal y mucho más ilegítimo.

- ¿Por qué opinan que hacen todo esto?

Ellos persiguen, a nuestro entender, distintos objetivos. Desde lo jurídico, lo gremial y lo político el principal objetivo es liquidar al gremio de los judiciales. Sobre todo porque ha sido un gremio que se ha mantenido los últimos 15 años independiente del poder político de turno. Se peleó con los gobiernos de (Roberto) Iglesias, de (Julio) Cobos, de (Celso) Jaque, de (Francisco) Perez y de (Alfredo) Cornejo. Se ha enfrentado duramente a la Corte y tiene independencia del poder económico. Por lo tanto da la impresión de que somos mala palabra. Lo que pretende el gobernador es sentar a negociar al representante de la Corte y su representante con el delegado nombrado por el mismo Estado, de esta forma deja afuera a los trabajadores. Este es realmente el resultado de lo que está haciendo.

Ellos han hecho todo para provocar la acefalía del gremio. Osea, no contestan, no se pronuncian, dejan caer todos los plazos. Provocada la acefalía dicen ... ’ahh, están acéfalos, vamos a nombrar un interventor’. Ellos provocan el hecho que despues utilizar para después fundamentar la intervención. Esta intervención, que ellos llaman "normalización", la última que la usó, y la única, en el gremio judicial en sus 70 años de vida fue la dictadura militar.

Ellos persiguen desde lo político, a mí entender, dejar afuera a un gremio que se ha mostrado como de los más combativos en la última década. En realidad, esto está directamente relacionado con los objetivos que se impone la Justicia en este momento en Argentina y toda América Latina. Los sectores "inversores" internacionales necesitan de una Justicia que le brinde seguridad jurídica a sus negocios, pero al mismo tiempo necesitan una Justicia que sea barata en términos de salarios de empleados y que tenga jueces bien pagos. Por otro lado necesitan introducir reformas propiciadas y construidas por los organismos de crédito internacional como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que necesitan precarizar y flexibilizar las condiciones de trabajo al interior de la Justicia como formar de control sobre la misma.

- ¿Se puede decir que esta es una actuación conjunta entre el gobierno nacional y el gobierno provincial?

Claro que sí, y te diría que la Suprema Corte también. El mismo día que salió la resolución del Ministerio de Trabajo, la Corte sacó una acordada en donde obliga a volver al trabajo a las únicas 7 licencias gremiales que tenemos y a devolver sus salarios desde noviembre hasta la fecha. Con respecto a esto, nosotros hicimos los pedidos correspondientes, la Corte guardó silencio cuando tuvo que resolver y después, como forma de debilitar al gremio en el momento de la intervención, plantea este tema.

Porque acá hay otro objetivo secundario, pero para nosotros principal, que es eliminar cualquier forma de sindicalización al interior del Poder Judicial, lo que necesitan es eliminar cualquier cuestionamiento al Poder Judicial, que es el último resabio de los sectores conservadores para poder seguir sosteniendo el modelo de acumulación. Lo que hay hoy es una marcada presión sobre los sindicatos y un marcado antisindicalismo que necesita de trabajadores acríticos y gremios no muy preocupados en elevar la conciencia de los trabajadores. Instalan el tema de la meritocracia, como forma de dominación, y por otro lado castigan duramente a los dirigentes combativos.

¿Algo más que quieras agregar?

Sí, quiero destacar que hace un año que venimos peleando. Es una dura lucha que la venimos dando todo este tiempo y el viernes tuvimos un nuevo episodio cuando quiso entrar la intervención al sindicato. Le pedimos que nos mostraran la orden judicial y no la tenían. En fin, eso, destacar la lucha que vienen dando desde hace un año los trabajadores judiciales de Mendoza.







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